Existen condiciones de miseria, insalubridad y privación en las que las personas mayores que ya no pueden tener control de sus decisiones, ni gozar de los derechos que les permiten forjarse una personalidad moral y que les impide diseñar un plan de vida racional. La calidad de vida requiere, por una parte, el ejercicio pleno de los derechos y, por la otra, el igual acceso a las oportunidades. Si las políticas de los gobiernos únicamente se conforman con enunciar abstractamente la defensa de los derechos de las personas de edad avanzada, estaremos ante un absurdo que en lugar de solucionar los problemas actuales seguramente que los costos en el futuro para las próximas generaciones, hoy presenectas, serán desastrosos.
El derecho al bienestar supone procurar condiciones de vida que propicien el progreso −que no puede concebirse en nuestra opinión sino como un proceso de desarrollo integral−. Las propuestas de la presente investigación serían:
- Consolidar modelos educativos y de investigación en los estudios gerontológicos.
- Implementación de programas pertinentes en materia de educación a familias: subsidio económico a los familiares que tengan personas mayores de 60 años y más o a los cuidadores informales.
- Atender a la población que envejece en zonas rurales e indígenas a través de estudios coordinados por instituciones educativas, por ejemplo.
- Pensión universal no contributiva; esquemas de recontratación laboral (con derechos laborales y responsabilidades) para adultos mayores que estén en condiciones de salud para trabajar. Pero nunca obligarlos o maltratarlos para que trabajen contra su voluntad y en detrimento de su salud.
- Elevar a rango constitucional los derechos humanos del adulto mayor y judicializar las protecciones sociales, económicas y de acceso universal a los servicios de salud en los tres niveles de atención: todo en función al bienestar y desarrollo humano.
- Actualizar los diagnósticos y ampliarlos en cobertura a toda la República Mexicana como es el caso de la Encuesta de Salud, Bienestar y Envejecimiento (Sabe), mejorando sus variables e incluyendo otros bloques a monitorear como los son la discriminación y violencia.
- Fortalecer las campañas de promoción a la salud y protección a los derechos humanos.
- Generar infraestructura hospitalaria con especialidades para adultos mayores y mejorar las condiciones laborales y profesionales de los cuidadores formales.
- Generar esquemas o modelos de intervención gerontológica destinados a la promoción de la cultura de prevención en el espacio familiar y comunitario (tanto urbano como rural).
- Evitar (responsabilidad de los órganos políticos) que el Estado y sus instituciones se desatiendan de las responsabilidades con las personas de edad avanzada.
- Ensayar modelos de políticas públicas dirigidas al tema de envejecimiento para que multisectorial, transdisciplinariamente y con las diversas asociaciones de adultos mayores, se construya una política nacional gerontológica.
- Fortalecer y diversificar las acciones del Instituto Nacional de Geriatría, instituido en 2008 y articularlas a las instituciones como Secretaría de Salud, Inapam, Universidades, equipos multidisciplinarios y grupos políticamente organizados de adultos mayores.
En suma, es tarea central diseñar políticas públicas equitativas y justas donde el centro de referencia sean los derechos humanos o sea, la protección y reproducción de la vida del adulto mayor presente y futuro. De lo contrario, polvo y olvido serán nuestros esfuerzos.
Autor: Dr. José Carlos García